“El caso Golemba confirma el retardo judicial que se padece en Oberá”

esde hace meses los abogados obereños vienen reclamando por el retardo de justicia en el fuero penal debido a la acefalía del Juzgado de Instrucción Uno tras el alejamiento de la jueza Alba Kunzmann de Gauchat, quien hace un año y medio inició los trámites de jubilación.

En consecuencia, todas las causas recaen en el juez Horacio Alarcón, titular del Juzgado de Instrucción Dos, o en su defecto subrogan el juez de Instrucción Tres de San Vicente, Gerardo Casco, o la jueza Correccional y de Menores de Oberá, Adriana Denise Zajaczkowski.

Como si esto fuera poco, la problemática se acentúa por las restricciones en el marco de la pandemia de Covid-19, lo que implica reducción horaria y personal de licencia por razones de edad, comorbilidades o contagio.

Incluso, por diferentes circunstancias esta semana las causas penales fueron subrogadas por el juez Ricardo Cassoni, titular del Juzgado Civil y Comercial Uno de Oberá, lo que no hizo más que ratificar los motivos del reclamo de los letrados locales.

“En la primera mitad del año presentamos una nota al Superior Tribunal de Justicia manifestando las dificultades expresadas por los colegas de Oberá respecto del funcionamiento de la justicia de instrucción, pero lastimosamente no obtuvimos respuestas y por ello vamos a reiterar el pedido de reunión para expresar puntualmente las falencias que padecen los colegas”, subrayó Fernando Orbe, presidente del Colegio de Abogados de Misiones, quien el último jueves visitó Oberá en el marco de una reunión de comisión directiva del organismo.

Nulidades
En forma constante las autoridades del Colegio de Abogados reciben reclamos por el retardo de justicia que se evidencia en los juzgados penales de Oberá, lo que complica la tarea diaria que desarrollan y afecta el derecho de los justiciables.

Por ello, en diálogo con El Territorio, Orbe subrayó la necesidad de concretar una reunión con las autoridades del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para plantear las necesidades de los profesionales del medio.

“Si bien está la pandemia, que ya pasó a ser una excusa, hasta ahora no tuvimos la oportunidad de por lo menos sentarnos charlar para ver cuáles son las posibilidades de solución. Que en Oberá esté subrogando un juez civil no hace más que corroborar las dificultades que ya manifestamos. Si no se cuenta con el plantel completo seguirá pasando esto en desmedro del justiciable”, opinó.

Y agregó: “Hay un dato objetivo de la realidad que dice que un elevado número de sentencias del Tribunal Penal de Oberá son declaradas nulas por falencias que no se tuvieron en cuenta en la instrucción. Por eso planteamos que no es una sensación, sino algo puntual que está pasando en la Justicia de Oberáy que requiere corregirse urgentemente”.

En este punto, el titular del Colegio de Abogados citó el antecedente del caso de Mario Fabián Golemba (27), desaparecido desde el 27 de abril del 2008, cuando viajó desde Dos de Mayo a Oberá por una consulta con una nutricionista.

Luego de trece años sin avances en el Juzgado de Instrucción Uno bajo la carátula de desaparición de persona, en tan solo dos meses el Juzgado Federal de Posadas avanzó en indicios de una presunta desaparición forzada.

“Una gran falencia”
Precisamente, por la marcada falencia exhibida por la justicia de instrucción de Oberá en la citada causa, desde la querella que representa los intereses de la familia Golemba radicaron una denuncia ante la Justicia Federal.

Así, casi de inmediato, con el aporte de testigos de identidad reservada se ratificó que el día de su desaparición el muchacho estuvo demorado en la comisaría de Dos de Mayo, lo que avala la hipótesis de la responsabilidad policial en el hecho.

“El caso Golemba confirma la cuestión del retardo judicial que se padece en Oberá y abona lo que estamos diciendo; pero no sólo eso, ya que además enciende otras alarmas. Uno se pregunta si hubo un ocultamiento solapado, si no se quiso investigar; porque si en menos de dos meses la Justicia Federal obtuvo testimonios de algo que pasó hace trece años, quiere decir que hubo una gran falencia en la justicia de instrucción de Oberá y creo que estamos ante otro nivel de responsabilidades”, remarcó Orbe.

Consultado al respecto, el presidente del Colegio de Abogados indicó que el reclamo de los profesionales del medio no se agota en el retardo judicial, sino que abarca otras facetas, como lo edilicio.

En ese aspecto, recalcó que “en Oberá tenemos un Palacio de Justicia que todavía no se inauguró ni conocemos las razones por las cuales no se mudaron los juzgados a ese lugar.

También es algo que planteamos para la mesa que queremos concretar con el Superior, porque todo tiene que ver con el combo de problemas que están padeciendo los colegas de Oberá”.

Un caso emblemático
En su edición del pasado 2 de mayo, El Territorio publicó en exclusiva las declaraciones judiciales que apuntan a policías por la desaparición de Mario Fabián Golemba.

“Una noche a eso de las nueve le traen a un muchacho esposado con las manos en la espalda pero no le hacen entrar al calabozo, le dejan al lado de la puerta y le reconozco como a Mario Golemba. Él también me reconoció y me dijo: “hola Ramón, podés sacar mi celular yo te voy a dar el número para que llames a mi gente”, el celular lo tenía en el bolsillo de adelante del pantalón y no podía sacar porque estaba esposado con las manos atrás. No llegué a sacar el celular porque cuando estaba por meter la mano para sacarlo vinieron dos policías y le llevaron a otro lugar”.

Así comenzó la declaración testimonial de Ramón Domingo Olivera (29), el 28 de abril de 2009, ante la entonces jueza de Instrucción Uno de Oberá, Alba Kunzmann de Gauchat.

Se había cumplido trece meses de la desaparición de Golemba cuando dos internos de la Unidad Penal II de Oberá -el citado Olivera y Vas Carlos Almeida (61)- se animaron a contar que en marzo del año anterior lo vieron esposado en la comisaría de Dos de Mayo.

La versión de ambos testigos avaló la hipótesis que ya manejaba la familia Golemba: a Mario lo detuvo la Policía, tal vez al confundirlo con el identikit de un boquetero que en aquel tiempo era buscado; lo habrían interrogado, golpeado y después lo hicieron desaparecer.

Pero la justicia provincial desestimó el aporte de Olivera y Almeida y el expediente quedó encajonado trece años como una desaparición. Como contrapartida, en apenas dos meses la pesquisa del Juzgado Federal de Posadas evidenció importantes avances.

El Territorio.