Excarcelaron al policía obereño que atropelló, mató y se dio a la fuga

El 24 de abril del año pasado, el sargento ayudante Juan M. (45) fue excarcelado tras permanecer 96 días preso por una denuncia por presunto cobro de coimas, extorsión y abuso sexual en perjuicio de internas de la Seccional Segunda de Oberá, donde trabajaba.

También afronta una causa paralela por infracción a la ley de estupefacientes que se instruye en el Juzgado Federal de Oberá.

En tanto, el 15 de enero del corriente año el mismo funcionario volvió a ser detenido luego de chocar con su camioneta contra la moto que conducía Alberto Rafael Ferreyra (48), quien falleció en el acto, tras lo cual el policía huyó de la escena.

A consecuencia de este hecho, Juan M. pasó otros 75 días tras las rejas, hasta que el último miércoles el juez de instrucción Tres de San Vicente, Gerardo Casco, lo benefició con la excarcelación a través de una caución personal, recurso de excepción donde el defensor asume la responsabilidad por la conducta del imputado mientras dure el proceso.

Es decir que el acusado no tuvo que abonar ninguna suma de dinero que garantice que no se dará a la fuga ni entorpecerá la investigación del hecho.
Sumadas las dos causas citadas, en el lapso de un año el sargento ayudante -actualmente apartado de sus funciones- estuvo detenido un total de 171 días y fue dos veces excarcelado.

Con relación al expediente por el siniestro vial que se cobró la vida de Ferreyra, la excarcelación fue posible por el cambio de carátula, ya que con el avance de la instrucción pasó de homicidio en accidente de tránsito y abandono de persona a homicidio culposo agravado por fuga, sin abandono de persona, lo que terminó beneficiando la situación del policía.

Por su parte, desde la querella que representa los intereses de la familia de la víctima anticiparon que apelarán la decisión judicial.

Manejaba borracho

El choque en el que falleció Ferreyra se registró minutos antes de las 19 del pasado 15 de enero, en la intersección de las calles Tierra del Fuego y Estanislao del Campo, en el barrio Loma Porá de Oberá.La víctima manejaba una moto de 150 cilindradas y murió prácticamente en el acto.

Por su parte, el policía conducía una camioneta Volkswagen Amarok y abandonó el lugar del hecho a toda velocidad. Además el vehículo no poseía seguro.

Su posterior captura fue posible gracias al aporte de las cámaras de seguridad de una vivienda de la zona.

Si bien el policía se negó al test de alcoholemia y con ello para la Justicia se da por hecho que conducía borracho, fuentes con acceso al expediente mencionaron la existencia de una prueba que complicaría su situación penal: las grabaciones de las cámaras de seguridad de una estación de servicio ubicada frente al Parque de las Naciones, donde el día del hecho el implicado habría estado tomando cerveza durante varias horas. Minutos más tarde se produjo el siniestro.

De todas formas, llamativamente hasta el momento el Juzgado interviniente no solicitó las citadas grabaciones.

La acusación contra el policía se apoya en el artículo 84 bis del Código Penal que establece penas de 2 a 5 años de cárcel para quien conduzca de “manera imprudente, negligente o antirreglamentaria (por ejemplo sin seguro, como este caso) y cause la muerte de otra persona; pero la pena aumenta 3 a 6 años si el conductor se da a la fuga, no intenta socorrer a la víctima o está bajo los efectos de estupefacientes o alcohol.

Favores por sexo

La denuncia original fue radicada el 17 de enero del año pasado por una mujer de 43 años que se hallaba detenida en la Seccional Segunda, quien detalló un presunto modus operandi encabezado por el sargento ayudante Juan M.

En tanto, para preservar la integridad de la testigo la Justicia decidió su traslado a la Unidad Penal V de Mujeres de la ciudad de Posadas.
Posteriormente, otras detenidas corroboraron las acusaciones y mencionaron que el policía “alquilaba” celulares a cambio de dinero, cigarrillos o hasta favores sexuales.

También existen indicios de otros delitos como extorsión y cobro de coimas para “agilizar” expedientes, según indicaron desde la investigación.
La Seccional Segunda es la única dependencia de Oberá que alberga mujeres, desde contraventoras hasta acusadas de homicidio y delitos federales, como infracción a la ley de drogas.

Una fuente de la investigación mencionó que el modus operandi se extendió por mucho tiempo y era habitual que los efectivos de la Segunda fueran catalogados como “coimeros”.

También reconocieron que en más de una ocasión abogados del medio se quejaron por la inconducta de ciertos uniformados que operaban a favor de ciertos profesionales en desmedro de otros.

La situación de Juan M. se complicó aún más tras el hallazgo de picadura de marihuana en su cofre de guardia, ante lo cual el Juzgado Federal inició una causa paralela. En el mismo casillero hallaron bombachas y preservativos.
Durante su carrera el citado policía afrontó varias causas internas, por lo que perdió ascensos y su rango actual no condice con los años de servicio.

Causa previa

Con relación a la causa anterior que pesa sobre el sargento ayudante Juan M., se investiga la presunta comisión de los delitos de cohecho, extorsión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso sexual en perjuicio de internas de la Seccional Segunda.

Dicha causa se viene tramitando con extrema lentitud ya que el Juzgado de Instrucción Uno no cuenta con juez natural y se suceden las subrogaciones, puesto que Alba Kunzmann de Gauchat inició sus trámites de jubilación.

Al mismo tiempo, las restricciones por la pandemia limitan el accionar del citado juzgado y en los últimos meses las actuaciones se redujeron a resolver pedidos de excarcelación, por lo que aún está pendiente la declaración de testigos.

En este punto, un hecho no menor indica que de las siete mujeres que estaban detenidas en la Seccional Segunda y apuntaron al policía, cinco ya recuperaron la liberta, ya que estaban presas por causas federales, lo que significa que varias de ellas ni siquiera residen en la provincia.

El Territorio.