Filmaron a policías torturando a un detenido en el Comando de Oberá

En los últimos meses se registraron varias denuncias por presuntas torturas en perjuicio de personas detenidas en el Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II de Oberá, aunque recién ahora trasciende una prueba tan contundente como estremecedora.

El Territorio accedió ayer a un video en el que se observa a por lo menos dos uniformados que golpean a una persona, presumiblemente un hombre, según la descripción de la mujer que grabó la secuencia.

“Mirá cómo le patean”, dice la joven, tras lo cual grita pidiendo que cesen con la agresión, mientras de fondo se oyen los gritos de auxilio del damnificado.

Consultado por este matutino, el comisario mayor Héctor Araujo, jefe de la Unidad Regional II, confirmó la instrucción de una investigación interna, sin perjuicio de las derivaciones penales que podría tener el caso.

“Estamos analizando las imágenes para individualizar a los implicados y luego se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes. No podemos tolerar este tipo de situaciones en la fuerza. También vamos a buscar a la víctima y asistirlo para que haga la denuncia penal”, anticipó Araujo.

Asimismo, confirmó que el hecho ocurrió en la madrugada del sábado.

El video dura 29 segundos y se observa la parte posterior del edificio del Comando Radioeléctrico, ubicado en la intersección de las calles Günther y Marambio, justo frente al barrio Yerbal Viejo de Oberá. 

El año pasado la madre de un chico de 15 años denunció que en dicho predio el menor fue golpeado y asfixiado con bolsas.

En aquel hecho intervinieron la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT) y la Defensoría de los Derechos del Niño de la Provincia.

Otra denuncia

El hecho filmado sucedió durante el último fin de semana y el damnificado seguiría tras las rejas, según manifestaron vecinos del barrio Günther, lindero al Comando.

Por otra parte, según la denuncia radicada ayer por Patricia Almoa ante la Fiscalía de Instrucción Dos, a cargo de Miriam Silke, en la madrugada del último sábado ella y su familia dormían cuando se vieron sobresaltados por disparos y gritos de auxilio provenientes del Comando.

“Como vivimos cerca fuimos con mis hijas y vimos cómo le pegaban a los detenidos. Entonces mis hijas empezaron a filmar con los celulares, pero ahí vieron unos policías y les pegaron y les sacaron los celulares. Mis hijas tienen 16 y 21 años. La mayor es asmática, le pegaron en el pecho y quedó sin aire”, detalló la progenitora.

Y agregó: “Los policías se burlaban y uno dijo: ‘Ustedes filman porque están jugando al detective’, siendo que mis hijas filmaron porque les estaban golpeando a unos muchachos adelante nuestro y eso está mal. Le reclamé al jefe del Comando, Sánchez, y cuando yo le hablaba cargó la pistola adelante mío para intimidarme”.

Según Almoa, lo único que hicieron sus hijas fue grabar lo que sucedía, pero fueron brutalmente agredidas, tras lo cual los policías secuestraron los dos celulares y el DNI de la menor, elementos que todavía no les devolvieron.

“Un policía le tuvo que agarrar del cuello a otro para que pare de pegarle a un detenido”, indicó para graficar el descontrol.

“No les tengo miedo”

Como su hija mayor se descompuso no la detuvieron, pero sí a la menor, a quien acompañó por un periplo por varias comisarías.

“Primero nos llevaron a la Seccional Quinta, donde la médica policial ni me respondió el saludo, le revisó de muy mala forma y por arriba a mi hija. Al hospital no fuimos. Después nos llevaron a la Seccional Segunda, donde mi hija quedó detenida hasta la 8 de la mañana, siendo menor”, remarcó indignada.

Según mencionó, le informaron que la chica fue detenida por entorpecer el procedimiento policial y lesiones leves, ya que supuestamente arañó a un policía.

“Le armaron una causa para justificar lo que hicieron. Nos pasearon por tres comisarías, por eso les hago responsables a todos los policías de Oberá por lo que le pueda pasar a mi familia”, subrayó.

Aseguró que desde el fin de semana su hija más chica no puede conciliar el sueño y tiene ataques de pánico.

“Lo único que hicimos fue acudir a un pedido de auxilio, pero el sistema hace que uno no se involucre y por eso estas cosas siguen pasando en Oberá. Pero yo no les tengo miedo, por eso hice la denuncia. Además, todavía no nos devolvieron los celulares ni el DNI de la menor”, reclamó.

También cuestionó la ausencia de personal femenino en el procedimiento y aseguró que su hija de 16 años habría sido manoseada por ciertos efectivos.

Sobre los incidentes citados, desde la UR II precisaron que en la madrugada del sábado acudieron a una riña en el barrio Günther, donde resultó lesionada una mujer, lo que habría derivado en incidentes.

Grave antecedente

A principios de diciembre pasado fueron relevados cuatro policías denunciados por torturas en perjuicio de un menor de 15 años, quien relató que fue esposado, golpeado con la culata de una pistola y asfixiado con dos bolsas plásticas. Todos los implicados prestaban servicios en el Comando Radioeléctrico.

Al mismo tiempo se inició una causa penal ante la Fiscalía de Instrucción Dos de Oberá.

Oportunamente, el presidente de la CPPT, Eduardo Magno Scherer, comentó detalles de un hecho que calificó como “repudiable” y “repugnante”, al tiempo que alertó sobre la reiteración de este tipo de prácticas ilegales en el ámbito de la UR II de Oberá.

“Este chico es un paciente psiquiátrico que fue pasible de un montón de actitudes que son totalmente repudiables, prácticas que estamos tratando de erradicar de la provincia de Misiones y que, de constatarse que esto realmente ocurrió, la verdad que es una violación de los Derechos Humanos de lo más repugnante que nos pueda ocurrir y nos hace acordar a prácticas de la dictadura militar, del gobierno de facto que tanto daño nos hizo a todos los argentinos”, subrayó Scherer.

“Es repudiable y nos avergüenza tener agentes de las fuerzas de seguridad que todavía sostengan este tipo de prácticas, sin perjuicio de que se está investigando”, agregó entonces.

Además, subrayó que la gravedad de este caso en particular radica en la edad de la víctima y su estado de vulnerabilidad previo, ya que presenta un cuadro psiquiátrico.

Derechos vulnerados

Tal como consta en la denuncia penal, el menor relató que los policías lo esposaron, golpearon, le apuntaron con un arma de fuego y le colocaron dos bolsas plásticas en la cabeza. 

En primera instancia el chico logró romper la bolsa con sus propios dientes, ya que al estar esposado no tenía otra opción para evitar la asfixia. Fue entonces que los uniformados decidieron colocarle una segunda bolsa en la cabeza, siempre según lo que declaró la víctima.

“Vamos a ver si ahora podés romper esta”, contó que le dijeron entre risas, tras lo cual continuaron golpeándolo.

Al respecto, el titular de la CPPT remarcó que “estos hechos no pueden suceder, menos aun cuando tenemos menores de edad. Este tipo de prácticas violentan todas las convenciones internacionales de los derechos del niño, niña y adolescentes, la legislación nacional y provincial que establece claramente que los menores de 16 años no pueden ser detenidos ni privados de su libertad, y que en caso de que esto ocurra deben ser puestos inmediatamente a disposición de los padres”.

Scherer también comentó con preocupación la sucesión de hechos similares en el ámbito de la UR II.

Desapareció el arma del jefe de la Motorizada

Las autoridades de la UR II iniciaron un sumario administrativo por la desaparición del arma reglamentaria del jefe de la División Motorizada, oficial auxiliar Diego Morales, quien el pasado lunes 19 de abril notificó del hecho a la superioridad.

Según el descargo de Morales, estando en la sede la División a su cargo, en un momento dado se quitó el chaleco donde tenía la pistola 9 milímetros y lo dejó apoyado en la silla de su escritorio.

Luego, al final de la jornada laboral tomó el chaleco y se dirigió a su domicilio, donde recién constató el faltante. Regresó a la dependencia, pero no halló el arma.

Ahora afronta un proceso interno por una causa considerada grave y podría recibir una sanción de hasta 18 días de prisión, sin cumplimiento efectivo pero que consta en el legajo, además de tener que abonar el monto de la pistola. 

El Territorio.