La figura del testigo protegido propició un gran avance en el caso Golemba

“No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que sí me preocupa es el silencio de los buenos”. La cita de Martin Luther King no pierde vigencia y bien podría aplicarse a lo que durante muchos años ocurrió con el caso de Mario Fabián Golemba (27), visto por última vez el 27 de marzo de 2008. Pero hoy muchos se animan a hablar y la causa avanza.

Luego de trece años sin novedades en el expediente que se tramitaba en Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, en menos de doce meses la Justicia Federal avanzó notablemente en la investigación y se recepcionó declaración a varias personas que aseguraron haber visto y escuchado a Golemba en la comisaria de Dos de Mayo la noche de su desaparición.

De esta forma, se afianza la hipótesis de la responsabilidad policial en el hecho, tal como denunció en reiteradas ocasiones la familia de la víctima.

Asimismo, la instrucción que lleva adelante de la Fiscalía Federal Penal Nº 2 de Posadas, a cargo de Silvina Gutiérrez, también permitió descorrer el velo sobre el accionar de los policías que al momento del hecho se desempeñaban en Dos de Mayo.

Con el avance de las pesquisas judiciales “se estableció que en la comisaría y otras dependencias de la citada localidad los uniformados usaban métodos reñidos con derechos, garantías y libertades individuales, lo que no hizo más que atemorizar y silenciar a toda la comunidad”, indicó un vocero judicial consultado por El Territorio.

Por ello, para el avance y esclarecimiento del caso Golemba viene siendo clave la figura del testigo de identidad reservada y protegido, recurso que brinda seguridad a quienes rompen el cerco del miedo.

Marcados avances

Programa de protección de víctimas y testigos, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, es una herramienta imprescindible en la investigación de este tipo de casos donde se sospecha de la responsabilidad de integrantes de fuerzas de seguridad.

Rafael Pereyra Pigrel, querellante en representación de la familia Golemba, ponderó la figura del testigo protegido porque “durante mucho tiempo las personas tenían temor, pero ahora hay mucha más confianza”.

“Testigos que declararon haber visto a Golemba; pero también hay muchos que declararon que en esa comisaría se llevaban a cabo tratos aberrantes, como torturas y apremios. Eso surge de la causa y se espera recibir más testimonios porque ahora los testigos tienen mayor seguridad”, remarcó el letrado.

Además, ponderó que “la fuerza de seguridad designada por la fiscalía está llevando adelante una investigación de gran calidad”.

Pereyra Pigerl también subrayó que la desaparición forzosa es el único delito que el Código Penal establece como imprescriptible por ser un crimen de lesa humanidad. Inclusive es uno de los delitos más graves en el ordenamiento internacional.

Es así que a catorce años de la desaparición de Golemba “se comenzó a reconfigurar la historia a partir de información trascendental brindada por personas que dejaron de lado el silencio y la desconfianza ante la seriedad y seguridad que les brinda la Justicia Federal”, destacó el querellante.

En paralelo, a medida que progresa la investigación se van reconstruyendo historias aberrantes en la comisaría de Dos de Mayo que se vinculan con prácticas del pasado que se creían desterradas.

Hipótesis principal

En mayo del año pasado el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Posadas se hizo cargo del expediente por la desaparición de Mario Fabián Golemba y una de las primeras medidas fue el cambio de carátula a desaparición forzosa.

Hoy, a la luz de la investigación en marcha, se empezó a reconstruir su trágico destino. Se sabe que el 27 de marzo de 2008, aproximadamente a las 7.15, la víctima salió de su casa en Picada Indumar, Dos de Mayo, con destino a Oberá.

Al momento de su desaparición el joven vivía junto a sus padres, Irma Komka y Antonio Golemba, y sus hermanos Nancy Dalila y Eliezer.

Aquel 27 de marzo llegó a Oberá para consultar con una nutricionista, ya que pretendía ganar algo de peso.

Alrededor de las 10.30 fue atendido por la profesional, tras lo cual envió mensajes de texto a sus familiares y a su novia Angélica. El último texto fue enviado a las 14.43, cuando avisó que llegaría de tardecita. Nunca más supieron nada de él.

En el medio se tejieron varias hipótesis, pero la familia siempre sospechó del accionar policial, sobre todo a partir del testimonio de dos hombres que declararon que la noche del 27 de marzo de 2008 vieron a Mario esposado en la comisaría de Dos de Mayo.

En tanto, a contramano del criterio que tuvo el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, al hacerse cargo del expediente el Juzgado Federal de Posadas dio entidad a los citados testigos y encarriló la investigación.

Entre otros avances, se incorporó el perfil de Golemba en el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU). Además, restan detalles en la gestión de una importante recompensa para quienes aporten información concreta sobre el caso.
Esposado en la comisaría

En mayo del año pasado El Territorio publicó en exclusiva la declaración de los testigos que vieron a Golemba en la comisaría de Dos de Mayo.

“Una noche a eso de la nueve le traen a un muchacho esposado con las manos en la espalda pero no le hacen entrar al calabozo, le dejan al lado de la puerta y le reconozco como a Mario Golemba. Él también me reconoció y me dijo: ‘hola Ramón, podés sacar mi celular yo te voy a dar el número para que llames a mi gente’, el celular lo tenía en el bolsillo de adelante del pantalón y no podía sacar porque estaba esposado con las manos atrás. No llegué a sacar el celular porque cuando estaba por meter la mano para sacarlo vinieron dos policías y le llevaron a otro lugar”.

Así comenzó la declaración testimonial de Ramón Domingo Olivera (29), el 28 de abril de 2009, ante la entonces jueza de Instrucción Uno de Oberá, Alba Kunzmann de Gauchat.
Se había cumplido trece meses de la desaparición de Golemba cuando dos internos de la Unidad Penal II de Oberá -el citado Olivera y Vas Carlos Almeida (61)- se animaron a contar que en marzo del año anterior lo vieron esposado en la comisaría de Dos de Mayo.

Pero la justicia provincial desestimó el aporte de Olivera y Almeida y el expediente quedó encajonado trece años como una simple desaparición.

“Dijo son Mario Golemba”

Luego de contar que vio a Mario Golemba esposado en el pasillo que da a la celda de la comisaría de Dos de Mayo, de donde lo sacaron cuando pidió ayuda para llamar a su familia, Olivera relató: “A las dos horas por ahí, ya estaba acostado y durmiendo, vino el jefe (Ewaldo) Katz abrió la puerta del calabozo y me llamó, me dijo vení. Me llevó a una pieza al lado de la guardia de la comisaría y me empezó a pegar”.

“Me dijo ‘vos tenés que contar de un caso de robo’ que supuestamente había pasado un tiempo antes, pero cuando pasó eso yo ya estaba detenido. Y me preguntaba si conocía el nombre del muchacho que estaba ahí, por Golemba. De ahí me llevaron a la pieza adonde está la radio de comunicaciones, que queda en la parte de atrás de la comisaría y cuando pasé yendo para allá le vi a Golemba que estaba boca abajo en el piso de una camioneta de la policía, de esas de las nuevas, esposado para atrás estaba. Y tenía tapada la cabeza con algo negro, no sé si una bolsa o qué. La camioneta estaba en el garaje de la comisaría, también en la parte de atrás”, agregó.

Y agregó: “Cuando yo estaba adentro de la piecita de radio escuché que le pegaban y que él decía ‘por qué me pegan si yo nunca hice nada para nadie’, también escuché que dijo que trabaja para la cooperativa de yerba y que todos lo conocen. Dijo soy Mario Golemba”.

Según su declaración, luego de alrededor de dos horas escuchó que la camioneta donde Golemba estaba esposado arrancó y partió, tras lo cual no volvió a verlo.

Protección de testigos

El Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, Ley 25.764, está destinado a preservar la seguridad de personas que colaboren de modo trascendente en una investigación judicial de competencia federal.

Las medidas de protección son dispuestas de oficio o a petición del fiscal, por el juez o tribunal a cargo de la causa.

La aplicación del programa dependerá de la “presunción fundamentada de un peligro cierto para la integridad física de una persona a consecuencia de su colaboración o declaración relevante en una causa penal; interés público trascendente en la investigación y juzgamiento del hecho en razón de su grado de afectación social”, entre otros aspectos.

Las medidas especiales de protección incluyen “custodia personal o domiciliaria; alojamiento temporario en lugares reservados; cambio de domicilio; suministro de los medios económicos para alojamiento, transporte, alimentos, comunicación, atención sanitaria, mudanza, reinserción laboral, trámites, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y demás gastos indispensables, dentro o fuera del país, mientras la persona beneficiaria se halle imposibilitada de obtenerlos por sus propios medios”.

Quien se acoja al programa deberá “mantener absoluta reserva y confidencialidad respecto de la situación de protección y de las medidas adoptadas; abstenerse de concurrir a lugares de probable riesgo; comprometerse a no cometer delitos o contravenciones”, entre otros requisitos.

El Territorio.