Pasaron a disponibilidad a otro policía involucrado en el robo de cocaína

A poco de cumplirse un año de la denuncia por la desaparición de un kilo de cocaína de máxima pureza que se hallaba en el depósito de la Unidad Regional II, la Jefatura de la Policía de Misiones dispuso el pase a disponibilidad de otro efectivo que se desempeñaba en la desmantelada División Toxicomanía de Oberá, dependencia que estaba a cargo de la custodia del estupefaciente.
Se trata del cuarto policía que fue apartado de sus funciones por la superioridad, en paralelo a la causa penal que se tramita en el Juzgado Federal de Oberá, expediente que desde finales de marzo se encuentra en la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas para su análisis.
El pasado 8 de marzo el juez federal de Oberá, Alejandro Gallandat, dictó la falta de mérito a los doce implicados -nueve policías y tres civiles- con respecto a delitos encuadrados en la Ley de Estupefacientes, ya que al menos por el momento no fue posible probar quién o quiénes sustrajeron la droga del depósito policial.
En tanto, como única sanción para tan grave hecho, el magistrado resolvió procesar por incumplimiento de los deberes de funcionario público a cinco de los efectivos que integraban la División de Toxicomanía (hoy Drogas Peligrosas), a quienes además trabó embargo por 250.000 pesos, cada uno, por gastos y costas del juicio.
Precisamente, cuatro de esos cinco policías fueron puestos en disponibilidad. En un primer momento la medida alcanzó al subcomisario Carlos Ariel L., quien estaba al frente de la dependencia encargada de custodiar la droga, a un sargento y una agente.
Ahora, la Jefatura de la Policía separó del cargo a un sargento primero, quien era el funcionario más antiguo de Toxicomanía.

Cuestionada designación
Por el momento, el único de los procesados que continúa en funciones es el oficial auxiliar Hugo Ariel B., quien era el segundo al mando en la división a cargo de la custodia de la cocaína y actualmente se desempeña como jefe de Operaciones y Videovigilancia de la Unidad Regional II.
Al respecto, fuentes del caso cuestionaron el beneficio que ostenta el citado oficial, quien no sólo es el único de los procesados que sigue trabajando, sino que está al frente de un área con amplias facultades.
En esa línea, junto a Carlos Ariel L. son dos de los trece imputados por el homicidio de Hugo Miguel Wasyluk(38), cuyo cadáver fue hallado el 26 de abril de 2011 en una celda de la Seccional Primera de Oberá.
“Está procesado en dos causas graves y sigue trabajando. Es inaudito”, opinó un alto oficial.
Con relación al expediente de la desaparición de un kilo de cocaína, luego que el juez Gallandat dictó la falta de mérito con respecto a la Ley de Estupefacientes y procesó por incumplimiento de los deberes de funcionario público a cinco policías,la fiscal federal de Oberá, Viviana Vallejos, apeló la citada resolución y la causa fue elevada a la Cámara Federal de Posadas.
A diferencia de la opinión del juez, para la fiscalía se habrían producido suficientes elementos de prueba para procesar por infracción a la Ley de Estupefacientes y dictar prisión preventiva a todos los imputados.
Si bien con diferentes grados de responsabilidad, ya sea en la sustracción, facilitación o encubrimiento, en mayor o menor medida para la fiscal todos los implicados deberían responder por el ilícito, cuestión que ahora deberá resolver la Cámara.
Serias irregularidades
El faltante de cocaína fue detectado el 11 de agosto del año pasado y desde un primer momento las sospechas se enfocaron en los funcionarios encargados de la custodia, ya que la puerta de acceso al depósito no fue forzada, por lo que quien o quienes tomaron la droga disponían de las llaves del lugar.
Es decir, el estupefaciente -de gran valor económico en el mercado delictivo- desapareció del interior de un depósito judicial cuyo control era exclusiva responsabilidad de la Policía.
En la instrucción se probó que si bien el jefe y el segundo a cargo eran los encargados de las llaves del resguardo, ésta estaba al alcance de todo el personal.
También se determinó que no se llevaba un detalle exhaustivo de quién o quiénes ingresaban al depósito, ubicado en dependencias de la Seccional Tercera, ni había un libro de guardia ni cámaras en el lugar.
Por ello, ante el marcado cúmulo de irregularidades, para la fiscalía habría elementos para procesar a todos los implicados en el marco de la Ley de Estupefacientes, sin perjuicio de las responsabilidades que luego se atribuya a cada uno.
Al respecto, una fuente del caso consideró que “el recurso de la prisión preventiva muchas veces genera que los involucrados se comprometan y aporten más, ya que nadie -menos un integrante de una fuerza de seguridad- quiere perder su libertad. El juez no lo entendió así, fue más flexible, aunque tampoco logró desentrañar la cuestión. Son criterios”.
Cinco en la mira
La resolución del juez federal de Oberá en avanzar únicamente en el incumplimiento de los deberes de funcionario público, a todas luces una sanción muy atenuada por la gravedad del hecho, contrasta con la visión de la fiscal Vallejos.
En definitiva, tras varios meses de instrucción, para Gallandatno se hallaron elementos que permitan acusar a ningún policía por la desaparición de la cocaína; pero sí para responsabilizar a cinco de ellos por no haber custodiado adecuadamente el depósito de secuestros.
De todas formas, los cinco policías imputados por incumplimiento apelaron el dictamen.
Por otra parte, a raíz del expediente por la desaparición de la droga, Carlos Ariel L. y Hugo Ariel B. afrontan causas paralelas que deberán tramitarse ante la justicia de instrucción provincial, tal lo dispuesto por el magistrado a cargo.
Se trata de la presunta falsificación de la lista de secuestros de la división que dirigían y de la supuesta indagatoria de un detenido sin la correspondiente autorización judicial.

Más detalles del procesamiento a policías por incumplimiento

En el fallo que procesó a cinco policías por incumplimiento de los deberes de funcionario público, el juez Gallandat estableció además que “estaba a cargo de los agentes de la División de Toxicomanía la conservación y mantenimiento de los elementos confiados a su custodia, lo que conllevaba adoptar las medidas necesarias para su seguridad y evitar su sustracción o destrucción, como parte del cumplimiento de sus funciones”.
Asimismo, puntualizó que en el trámite del expediente “se detectaron numerosos incumplimientos y fallas en la seguridad del depósito” de Toxicomanía, con ser la “ausencia de una guardia o control constante en el depósito”.
También se menciona la falta de designación de un responsable directo del depósito y que la llave de ingreso al lugar estuviera en un lugar de fácil acceso y al alcance de cualquiera de los agentes de la División, tal como se estableció.
Tampoco se colocaban fajas de seguridad y no había cámaras de seguridad, alarmas u otras medidas, “lo cual favoreció en gran medida la posibilidad de extraer -como ocurrió- estupefaciente resguardado en ese lugar”, se precisa en el dictamen.
Y agregó:“Los policías incumplieron las disposiciones legales propias de sus funciones, inclusive dieron directivas que alivianaron el control de entrada al depósito de la Seccional, y que el accionar de los involucrados produjo un perjuicio a las fuerza y a los bienes del Estado, dando lugar no sólo a la extracción de la droga, sino que además colaboró con su posible impunidad”.
En este último párrafo el magistrado explicitó las dificultades planteadas para probar la autoría material del hecho, al punto que reconoció que el crimen podría quedar impune.

El Territorio.