Procesaron a narcobanda liderada desde la cárcel que montó un boliche

En mayo de este año Gendarmería Nacional realizó una redada de magnitud en la localidad de Puerto Iguazú. Por una investigación llevada adelante por el Juzgado Federal de Paso de los Libres, se allanaron catorce inmuebles, entre ellos un local bailable, y desbarataron así una organización dedicada al narcotráfico.

La investigación judicial reconstruyó que dos grupos implicados comercializaban marihuana, cocaína, hachís y éxtasis que ingresaba generalmente del extranjero, productos que eran enviados a distintos puntos del país mediante encomiendas. Justamente tras la intercepción en Corrientes de un paquete que iba a Tierra del Fuego, en agosto del 2021, se iniciaron las actuaciones.

Pero no sólo en Puerto Iguazú se allanó. Mediante las escuchas los investigadores policiales y judiciales pudieron establecer que todo se coordinaba desde la cárcel Federal de Chaco. Allí identificaron a tres implicados, todos con antecedentes por delitos federales.

Entre ellos está Juan Marcos Brites (30), quien cumple una condena a seis años de cárcel por mandar marihuana mediante encomiendas desde la localidad turística a diferentes puntos de Argentina.

Los detenidos por este caso son once (tres de ellos ya lo estaban desde antes), quienes en las últimas semanas recibieron varias novedades respecto del avance de la causa.

Al detalle, se dictaminó su procesamiento con prisión preventiva y resolvió que el caso siga siendo investigado en Corrientes, luego de que el juez de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda, se declarara incompetente al considerar que el expediente debería ser llevado adelante por su par de Eldorado, el juez Miguel Ángel Guerrero.

Sobre la última determinación, la Cámara Federal de Apelaciones de la vecina provincia, conformada unipersonalmente por la jueza Selva Angélica Spessot, hizo lugar al recurso presentado por el responsable de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, Aníbal Fabián Martínez, y declaró la competencia del Juzgado Federal de dicha jurisdicción para continuar la investigación contra la organización narcocriminal.

De este modo, la camarista revocó la resolución del juez Fresneda, que fue dictada el 9 de junio, cuando remitió todo lo actuado a Eldorado. Entonces la decisión del juez correntino se apoyó, entre otros argumentos, en que la defensa de algunos imputados solicitó la declaratoria de incompetencia.

Ante eso, el fiscal Martínez recurrió la resolución por contener “una fundamentación aparente y no constituir una derivación razonada de los hechos, pruebas y derecho vigente”.

En su presentación, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que “las circunstancias de que los imputados hayan sido detenidos en extraña jurisdicción y que algunas de las fuentes de pruebas se encuentren en la localidad de Puerto Iguazú (Misiones) no podría per se determinar la competencia, dado que, de ser así, la prórroga de jurisdicción no debería existir sino que directamente correspondería la declaración de incompetencia territorial”.

También, respecto de que el paso de la droga por Corrientes fue “circunstancial”, el fiscal discrepó por cuanto la intercepción de la encomienda y el hallazgo de la droga, fue lo que determinó el inicio de la investigación ante la Justicia Federal correntina.

Asimismo, cuestionó que el juez haya considerado que “los más importantes pasos del iter criminis de las actividades vinculadas al narcotráfico que desarrollaría la organización, se planifican y ejecutan en la provincia de Misiones…”, cuando, en realidad, “la planificación y organización realizada por los líderes de las bandas delictivas eran realizadas en la unidad penitenciaria de Sáenz Peña, provincia de Chaco –no en Misiones-, y las órdenes por ellos dadas eran ejecutadas por personas domiciliadas en distintas provincias (Buenos Aires, La Rioja, Tierra del Fuego), incluso, en distinto país (República de Paraguay)”.

Respecto del “menor costo logístico” al que refirió el juez, el fiscal Martínez entendió que ello no podía prevalecer ante el retraso que implicaría que nuevos funcionarios intervengan y reconstruyan la investigación desde el inicio.

Finalmente, consideró que la investigación se centra en el contrabando y transporte de estupefacientes, por lo que correspondería al tribunal local continuar con la investigación, por cuanto fue en dicha jurisdicción donde se interrumpió el delito y se descubrió la maniobra ilícita.

Procesamiento

De todas formas, la instrucción continuó y pocos días antes de la decisión del órgano de alzada, el 13 de julio, el juez dictó el procesamiento con prisión preventiva para los involucrados. Fresneda procesó a once personas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y transporte de estupefaciente agravado por el número de personas intervinientes.

Asimismo, dos de los hombres fueron procesados como líderes de la organización y el delito usura, al tiempo que uno de ellos también lo fue por confabulación para el narcotráfico. Una ciudadana venezolana quedó formalmente acusada por tenencia de arma de fuego sin la debida autorización y usura.

Además, a estos cinco sospechosos también se los acusa como coautores de lavado de activos de origen delictivo. Al respecto, el juez trabó embargos sobre sus bienes hasta cubrir las sumas de 800.000 y 2 millones de pesos.

El caso

La investigación se inició el 4 de agosto de 2021, cuando personal del Escuadrón 57 de Santo Tomé de la Gendarmería Nacional interceptó una encomienda del Correo Argentino en cuyo interior se encontraron 4,144 kilogramos de marihuana, acondicionados en cuatro cartones de leche y ocultos en prendas de vestir desgastadas.

Al constatar los datos del paquete, surgió que era remitido por una joven de la ciudad de Posadas y tenía como destinataria una mujer que vivía en la ciudad de La Rioja. Sin embargo, el documento de la supuesta destinataria pertenecía, en realidad, a un hombre con antecedentes penales por narcotráfico.

La investigación avanzó y estableció que en Puerto Iguazú operaban dos grupos criminales transnacionales dedicados al tráfico ilícito de marihuana, cocaína, hachís y éxtasis. La droga se adquiría en Paraguay, ingresaba a Argentina a través de pasos no habilitados y luego se comercializaba en la zona o se distribuía a distintas provincias, mediante encomiendas.

Las ganancias permitieron a uno de los grupos invertir el dinero en el montaje de un boliche, aunque nunca pudieron explotarlo: la fecha de su apertura, con la presencia de un reconocido DJ, estaba prevista para el 14 de mayo, justo el día que se hicieron los allanamientos. En las redes del local, que no fueron cerradas, hay solamente dos publicaciones promocionando la inauguración.

Asimismo, la figura “usura”, se debe a que los pesquisas pudieron determinar que con la plata ilegal también hacían préstamos informales bajo la modalidad “gota a gota”.

En cifras
11

En total son once los implicados, ocho de los cuales fueron detenidos en allanamientos entre el 14 y 15 de mayo en Puerto Iguazú.

El Territorio.