Socios autoconvocados de la colectividad española denunciaron a la comisión actual por irregularidades

Mientras la mayoría de las colectividades se preparan para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante, que comenzará mañana en Oberá, socios y colaboradores activos autoconvocados visibilizaron la crítica situación que atraviesa la colectividad española.

Denunciaron que la actual comisión directiva se consagró mediante una maniobra administrativa que impidió la participación de los socios que se incorporaron a partir de 2012 en adelante.

En consecuencia, la colectividad quedó virtualmente desmantelada, al punto que un concesionario se hizo cargo de la cocina y la atención de la casa típica del Parque de las Naciones. La tensión es tal, que el ballet típico realiza sus ensayos en la casa suiza.

Incluso, alertaron sobre la desaparición de elementos de la casa española, como un aire acondicionado, lo que oportunamente fue denunciado por la actual comisión, aunque desde la Policía habrían descartado que se trató de un robo.

Ante el cúmulo de presuntas irregularidades, el pasado 25 de agosto los autoconvocados elevaron una nota al titular de la Dirección de Personas Jurídicas de Misiones, Héctor Franco, solicitando la urgente intervención para salvaguardar los intereses de la colectividad.

“Que se tomen medidas respecto al accionar de la comisión actual de la colectividad española a raíz del caótico estado de la misma”, citaron en el escrito.

Asimismo, detallaron la “falta de servicios por falta de pago, abandono del predio por falta de poda, limpieza, factura y refacciones en general; falta de seguridad que derivó en el robo de objetos, como un aire acondicionado”.

Documentados

Cuestionaron la “prohibición por discriminación del ingreso de socios”, como también la “ausencia total de la comisión, no se reúnen ni reciben notas oportunamente entregadas por este grupo; cierre del diálogo; no participan en las reuniones de la Federación de Colectividades ni realizan actividades culturales ni en para recaudar fondos que permitan la cancelación de deudas”.

El eje del conflicto radica en que las actuales autoridades “no reconocieron a los socios inscriptos a partir de 2012 en adelante para la participación en la asamblea del 20 de agosto de 2019; socios que aún siguen sin reconocerse, lo que constituye una estafa procesal administrativa”.

Además, se dejó constancia que en el expediente 881/19 del 14 de agosto de 2019 de Personas Jurídicas se presentaron copias certificadas de los últimos recibos pagados por los socios que buscan ser reconocidos, todo con la debida documentación respaldatoria.

Por ello, solicitaron la intervención del organismo provincial, que se establezca una reunión y “se dicte una resolución donde se conceda el carácter de comisión normalizadora, tal como se hizo en el año 2019 donde se concedieron todas las facultades a quienes prácticamente terminaron haciendo desaparecer de la vida social y cultural a la colectividad española. Pedimos que se utilice el mismo criterio de oportunidad”.

“Reclamos el derecho de defender a nuestra colectividad de estas personas que no tienen, evidentemente, ningún interés en llevar adelante sus funciones ni dieron respuestas a nuestros pedidos”, subrayaron en la nota elevada a Personería Jurídica.

Voces del reclamo

En diálogo con El Territorio, César Bermúdez, con más de 20 años en la colectividad española, lamentó la situación que derivó en la exclusión de los socios inscriptos a partir del 2012, quienes “venían sosteniendo a la colectividad no pudieron votar”, subrayó.

En tanto, para graficar la situación actual de la colectividad, indicó que “en la presentación de reinas la Celo les prestó la luz y después les cortaron”.

Además, explicó que ya en marzo elevaron una nota a la Federación de Colectividades para llegar a un acuerdo, aunque no tuvieron eco por parte de Manolo Marín, actual presidente.

Gladys Dos Santos, por su parte, mencionó la actual conducción “hizo desaparecer el libro de actas. Según ellos, Personería Jurídica incautó el libro e iniciaron uno nuevo; pero en el expediente no figura la incautación del libro”.

“Ahora, como entre cuatro personas no pueden sostener la colectividad, concesionaron la casa a un empresario. Desmantelaron el ballet de 70 personas y nos declararon personas no gratas porque reclamamos para votar, lo que era un derecho”, puntualizó.

Miguel Lezcano, también con más de 20 años en la colectividad, lamentó la “discriminación hacia personas que sólo quieren colaboraron, sin ningún otro interés. Yo casi me quedé ciego trabajando por la colectividad, tuve desprendimiento de retina y me tuvieron que operar cuatro veces. Pero no me quejo porque lo hacía de corazón”.

Por su parte, el abogado David Mousquere anticipó la presentación de una acción judicial de rendición de cuentas y exhibición de los libros, dirigido al presidente y a la comisión. Tampoco descartó una demanda por daños y perjuicios y discriminación.

El Territorio.